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Fuente: dejaladecidir.blogspot.com

Sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual

Edición del post original publicado el 27/07/2015

#12A

Bertha Prieto Mendoza

Publicado: 2015-05-27

El 26 de julio de este año, la Comisión de Justicia del Congreso de la República decidió archivar el Proyecto de Ley que proponía la despenalización del aborto en caso de violación sexual. Hubo 5 votos en contra del Proyecto (Octavio Salazar, Cecilia Chacón, Mariano Portugal, Juan Díaz Dios, y Julio Rosas), uno a favor (Verónika Mendoza) y 2 abstenciones (Juan Carlos Eguren y Rubén Condori). 

Las posiciones son básicamente dos: la primera considera que la víctima es la mujer (además de ser víctima de una violación, es víctima de quienes le impiden decidir sobre su cuerpo) y la segunda, que la víctima es el feto (no tiene la culpa de la violación y por ende no merece que lo priven de vivir). Para mí ambas partes son víctimas de las carencias del Estado.

Más allá de la religión que profesemos o no profesemos, el Estado, por Constitución, debe protegernos tanto a las mujeres como a los fetos (por violación o por consentimiento). Sin embargo, todos y todas sabemos que en la realidad eso no sucede: ni el feto ni las mujeres estamos protegidos de ninguna manera. El feto nace y tiene más probabilidades de ser pobre que de ser rico y si es producto de una violación, peor aún (24% de niñas o adolescentes entre 10 y 19 años que fueron violadas quedan embarazadas: ¿quién va a mantener al hijo, ellas? ¿Sus padres? ¿Sus abuelos? ¿El violador?).

Las mujeres nacemos con la probabilidad de ser golpeadas al menos una vez en nuestras vidas por nuestros esposos, de ser violadas en cualquier momento, de ser tocadas sin nuestro consentimiento en los buses, de hacer cosas que no queremos, de ser menospreciadas, discriminadas, rezagadas, disminuidas, explotadas. Esa es la realidad: ni el feto ni nosotras nacemos con ninguna garantía de protección por parte del Estado incluso frustrando la despenalización del aborto por violación.

Ahí está el meollo del asunto. En un país ideal, el Estado tendría una red de soporte y asistencia para las niñas, jóvenes y adultas que se conviertan en madres solteras después de una violación. Pero eso, nuevamente, en nuestro país no sucede. Hoy por hoy tenemos que decidir si continuar o no con un embarazo forzado porque nos vemos en la necesidad de hacerlo. La licencia de maternidad que nos conceden al ser madres es 2 semanas inferior a la duración prevista en el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. El acceso a salud que tenemos es precario y todos los días mueren 2 de nosotras por complicaciones durante el embarazo según el MINSA. ¿Cómo obligarnos a ser madres en este contexto?

Si bien no discuto si hay vida o no, si vale menos cuando es producto de una violación, si el feto forma parte del cuerpo de la mujer, o si, en determinadas circunstancias, puede impedirnos un desarrollo pleno, sí afirmo que el contexto actual nos obliga a tener que decidir si la despenalización de la interrupción del embarazo es una opción de política pública. 



Escrito por

Bertha Prieto Mendoza

Feminista, activista, socióloga. Twitter: @Berparacreer


Publicado en

Con-sentido

¿No les pasa que quieren decir algo y no saben cómo hasta que lo escriben? Ya, así, igualito.